Los parlamentarios Santelices (Indep-UDI) y Kast (Evópoli), cuestionaron las nuevas declaraciones del diputado del Frente Amplio, quien aseguró que continuará elevando el tono de sus críticas pese a las denuncias presentadas ante la Comisión de Ética.
Los diputados oficialistas Macarena Santelices (Indep-UDI) y Tomás Kast (Evópoli) cuestionaron al parlamentario Jaime Bassa (FA), luego de que anunciara que continuará “subiendo el tono” de sus declaraciones, pese a las denuncias ante la Comisión de Ética de la Cámara y la eventual querella criminal anunciada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat. La controversia comenzó el pasado 27 de octubre, cuando Bassa vinculó los decretos que permitieron rebajar condenas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores con una supuesta red internacional de pedofilia, aludiendo a los casos de Jeffrey Epstein y Paul Schäfer, sin presentar públicamente antecedentes que acreditaran esa relación. Tras los cuestionamientos, el legislador afirmó en redes sociales que no lo harán callar ni amedrentar y que continuará elevando el tono de sus intervenciones, profundizando una polémica que también generó reparos en sectores de la oposición.
Frente a estas declaraciones, Santelices cuestionó que Bassa insista en sus afirmaciones sin entregar antecedentes que permitan respaldarlas y exigió que, de contar con información sobre una eventual organización criminal, la presente ante el Ministerio Público. “Si Jaime Bassa quiere seguir subiendo el tono, que empiece por subir las pruebas. Es impresentable que un diputado que además es abogado lance acusaciones de esta gravedad y después pretenda hacerse la víctima cuando le exigen responsabilidad. Si tiene antecedentes de una red internacional de pedofilia, que los entregue inmediatamente a la Fiscalía. Basta de utilizar el dolor de los niños y sus familias para hacer un espectáculo político. Chile necesita justicia para las víctimas, no teorías irresponsables ni amenazas de seguir elevando el conflicto”. La parlamentaria ya había solicitado que la Comisión de Ética examinara las declaraciones del frenteamplista, sosteniendo que la investidura parlamentaria no constituye una autorización para formular acusaciones sin respaldo.
Por su parte, Tomás Kast, quien ya había impulsado un requerimiento ante la Comisión de Ética junto a los diputados Juan Carlos Beltrán, René Manuel García, Mauro González y Rodrigo Ramírez, cuestionó la gravedad de las acusaciones y llamó a establecer responsabilidades. “El diputado Bassa ha traspasado un límite institucional inaceptable, cayendo en una difamación gravísima que daña la convivencia democrática. Levantar acusaciones delictivas contra el ministro de Justicia sin fundamentos es un acto temerario, por lo que si cuenta con alguna prueba de nexos criminales su deber legal es poner los antecedentes ante la Fiscalía de forma inmediata, en lugar de usar un tema tan delicado para armar shows en los medios y redes sociales. Su obstinación no quedará impune, impulsaremos con fuerza las sanciones en la Comisión de Ética y deberá enfrentar un eventual desafuero para que asuma las consecuencias de sus calumnias ante la justicia”. El requerimiento presentado por Kast y otros cuatro parlamentarios solicita examinar posibles infracciones al artículo 346 del Reglamento de la Cámara, relacionado con los deberes de conducta, honradez y buena fe en el ejercicio parlamentario.
La controversia también motivó acciones desde las bancadas UDI y Republicana. Los diputados Flor Weisse y Sergio Bobadilla impulsaron un requerimiento para evaluar eventuales sanciones disciplinarias y multas, mientras parlamentarios republicanos anunciaron una presentación similar. Por su parte, Bassa ha mantenido sus cuestionamientos a las rebajas de condenas, aunque posteriormente aclaró que no estaba atribuyendo al ministro Rabat una participación personal en delitos de pedofilia, sino cuestionando decisiones que, a su juicio, favorecerían la impunidad.
Pese a esa precisión, Santelices y Kast insistieron en que las acusaciones sobre eventuales redes criminales deben sustentarse en antecedentes verificables y que corresponde a la Comisión de Ética determinar si sus declaraciones vulneraron los deberes asociados a la función parlamentaria. Asimismo, cualquier eventual responsabilidad penal o solicitud de desafuero deberá ser resuelta por los tribunales competentes.
