Los parlamentarios anunciaron su voto favorable al proyecto que busca ampliar las capacidades de seguridad de los municipios. Kast destacó la importancia de fortalecer el patrullaje, la tecnología y la coordinación policial, mientras Verdugo advirtió que la contratación de miles de inspectores debe acompañarse de capacitación obligatoria, evaluaciones psicológicas y certificaciones profesionales.
Los diputados Tomás Kast (Evópoli), representante del Distrito 23 de La Araucanía, y Germán Verdugo (PNL), del Distrito 17 de la Región del Maule, respaldaron el proyecto de ley que busca fortalecer la seguridad municipal y facilitar la contratación de inspectores destinados a labores de prevención del delito. La iniciativa, correspondiente al boletín 18.525-06, modifica la Ley 21.802 para permitir que los municipios contraten personal de seguridad bajo el Código del Trabajo, estableciendo topes especiales de gasto y mecanismos de autorización y fiscalización.
Ambos congresistas coincidieron en la necesidad de ampliar las herramientas de los gobiernos comunales, aunque plantearon distintas prioridades para garantizar su implementación.
Durante su intervención en Sala, Verdugo anunció su voto favorable, pero advirtió sobre la necesidad de establecer mayores exigencias para quienes ejercerán funciones de seguridad. “Anuncio desde ya mi voto favorable a este proyecto, porque da certeza a los municipios y fija controles razonables, topes de gasto, autorización de la Subdere, visación de la Dirección de Presupuestos y reporte obligatorio. Pero quiero dejar planteada una prevención de fondo. Estamos autorizando a los municipios para contratar miles de nuevos inspectores. La Subdere estimó ante la comisión que el solo tope del 4% permitiría entre 15 y 20 mil plazas”, señaló. En ese sentido, agregó que “sin embargo, los requisitos de ingreso que fija la ley son principalmente negativos: no tener condenas, no haber sido desvinculado de las policías, tener enseñanza media. Lo que el inspector debe saber hacer quedó entregado a un reglamento. Cabe señalar, además, que la ley le da al inspector un año, prorrogable por otro, para aprobar su capacitación. Mientras tanto, lo autoriza a detener en flagrancia y a ejercer funciones de prevención, fiscalización y protección de personas”.
El parlamentario profundizó sus reparos y solicitó al Ejecutivo incorporar estándares nacionales de formación y certificación. “Hablamos de funcionarios uniformados, con elementos defensivos, que conducirán vehículos de emergencia y se relacionarán a diario con vecinos en situación de tensión. No basta con buena voluntad. Debiera contemplarse al menos lo siguiente: un curso habilitante obligatorio, con horas mínimas y contenidos en uso proporcional de elementos defensivos, primeros auxilios y manejo de conflictos; una evaluación psicológica con protocolo único nacional; una certificación otorgada por un organismo técnico que no dependa de cada municipio, y formación continua anual y evaluación de desempeño”, sostuvo.
En esa línea, Verdugo insistió en que los municipios deben contar con funcionarios preparados y advirtió sobre los riesgos de realizar contrataciones sin criterios técnicos. “La seguridad municipal puede ser un gran aporte para nuestras comunas, pero solo si quienes la ejercen están preparados. Los vecinos merecen inspectores profesionales y los propios inspectores merecen respaldo y formación para hacer bien su trabajo. Por eso voto a favor, pero hago un llamado al Ejecutivo a comprometer que incorpore en el reglamento los estándares que mencioné. Que no nos pase lo que pasó con el traspaso en la educación, donde los alcaldes contrataron a los compadres o amigos que no tenían relación alguna con el sistema educacional. Gracias, señor presidente. He dicho”, añadió.
Por su parte, Tomás Kast defendió el fortalecimiento de las capacidades municipales y sostuvo que la seguridad debe abordarse sin distinciones territoriales. “Presidente, un delincuente detenido en Vitacura es una buena noticia para Chile, y uno detenido en Temuco también lo es para Villarrica, Pitrufquén y todo el país. La seguridad no tiene código postal, porque los tours delictuales empiezan en una comuna y terminan en otra. Aquí se ha criticado a comunas de mayores recursos por proteger a sus vecinos con mayores capacidades. Pero estas comunas, que por lo demás aportan dos de cada tres pesos al Fondo Común Municipal, cada vez que desbaratan una banda criminal le hacen un favor al país, y no solo a una comuna”, señaló. En ese sentido, agregó que “está claro que debemos emparejar la cancha, pero basta de sembrar la lucha de clases, enfrentando a las comunas ricas con las comunas pobres, porque eso no detiene a un solo delincuente”.
El legislador también destacó su experiencia como concejal de Vitacura y los resultados que, según afirmó, permitió alcanzar la coordinación entre las instituciones. “Fui concejal durante el primer período de la alcaldesa Camila Merino en Vitacura y vi cómo una buena gestión, inteligencia, tecnología y coordinación prácticamente logramos erradicar los portonazos y redujimos en más de un 80% los delitos de mayor connotación social, por lo que la seguridad municipal sí funciona”, sostuvo.
En materia regional, Kast valoró el trabajo de las organizaciones comunitarias y su coordinación con Carabineros, la PDI y los equipos municipales de seguridad. “El viernes pasado estuve en Temuco con el Comité de Seguridad Maray, presidido por Sergio Neira, a quien saludo y felicito por su intermedio, presidente. Ellos, junto a otros comités de seguridad, Carabineros, PDI y Seguridad Municipal, están utilizando cámaras para seguir la ruta del delito. Quiero manifestarles mi más profunda admiración por esa tremenda labor que realizan desde la sociedad civil”, comentó.
Finalmente, el diputado destacó el alcance de la iniciativa y llamó a fortalecer las capacidades municipales para proteger a las familias. “Este proyecto de ley fortalece la prevención, el patrullaje y la coordinación entre municipios y policías. Algo fundamental en La Araucanía, donde cada comuna tiene realidades distintas, pero complementarias, ya que todas necesitan enfrentar la delincuencia”, afirmó. Para concluir, agregó que “¿quién paga las consecuencias cuando no actuamos? Las familias que viven con miedo, los adultos mayores que dejan de salir y los comerciantes que cierran temprano sus negocios. Por eso, presidente, votaré a favor, porque los delincuentes no respetan límites comunales ni piden permiso para tomarse nuestros barrios. Necesitamos menos obstáculos para los municipios y la seguridad municipal, para que las calles vuelvan a ser de las familias y no de los delincuentes”.
