El rápido envejecimiento de la población chilena plantea la necesidad de mejorar las políticas públicas de protección al creciente sector de adultos mayores. A pesar de que existe un avance en la materia, todavía es necesario generar medidas estatales que resguarden la calidad de vida de este grupo etario, que por sus características, se encuentra en estado de vulnerabilidad.
Así lo aseguró la especialista en derecho civil y académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, Carolina Riveros, quien recientemente abordó la temática, junto a otros investigadores, en un artículo publicado por la revista Health and Human Rights Journal, de la Universidad de Harvard.
“A propósito de grandes hitos que ha habido en nuestra sociedad, como por ejemplo el estallido social, las personas mayores han pasado a ser visibles” explicó la docente, y agregó que “la rebaja del transporte público y del impuesto territorial, son grandes luchas que han dado asociaciones de adultos mayores por 20, 30 e incluso más años”.
Según aseguró Riveros -quien también forma parte de un comité consultivo del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)- “la población de Chile envejeció a un ritmo tan rápido que llegó a los niveles de los países europeos, sin haber transcurrido el tiempo suficiente para que el país se adaptara”.
Por esa razón, recalcó, es imperativo realizar cambios culturales, sociales y legislativos en torno a este grupo etario. “Es necesario hacerse cargo de que estas personas sean un mayor tiempo autovalentes e independientes. Por lo tanto, generar mejores condiciones de trabajo y flexibilidad laboral”, añadió.
Por otra parte, existe un porcentaje de las personas mayores que se encuentran en una situación de dependencia, y a quienes también se les debe resguardar su bienestar. “Hay que asegurar condiciones óptimas para su cuidado y también hacer posible los instrumentos jurídicos que corresponda”, enfatizó la docente utalina.
De acuerdo a la experta, la nueva Constitución es una oportunidad para generar un marco regulatorio en el cual se protejan los derechos de poblaciones vulnerables, dentro de las cuales se encuentran las personas de la tercera edad.
“Chile ha ratificado la Convención de Derechos Humanos de Personas Mayores, y eso da un contexto al marco regulatorio importante, por lo tanto, la legislación interna hay que adaptarla a esa situación”, manifestó la abogada, y destacó el caso de países como Uruguay y Costa Rica quienes tienen un mayor avance en ese sentido.
