Los últimos hechos de violencia escolar, donde en muchos casos se ha señalado que quienes están detrás de estos actos han sufrido acoso y hostigamiento por parte de sus compañeros, reabre el debate sobre la reciente propuesta legislativa que busca sancionar económicamente a padres y tutores de estudiantes que incurran en bullying.
Si bien la medida por sí sola no es la respuesta al problema, sí pone sobre la mesa una pregunta incómoda, pero urgente: ¿quién es responsable del desarrollo socioemocional de niños y adolescentes?
El proyecto plantea altas multas que podrían alcanzar hasta las 50 UTM en casos de acoso reiterado, tras advertencias previas por parte de los establecimientos educacionales. La lógica es clara: cuando hay reiteración, hay una falla en la contención, supervisión o formación, y esa responsabilidad no puede recaer únicamente en la escuela.
Sin embargo, es importante decirlo con claridad: el bullying no es un problema que se resuelva con sanciones económicas. Es un fenómeno complejo, multifactorial, que involucra dinámicas individuales, familiares, escolares y sociales. Pensar que una multa por sí sola modificará conductas profundamente arraigadas es, en el mejor de los casos, optimista.
Ahora bien, eso no significa que la medida carezca de valor y puede ser útil en un punto específico: visibilizar la corresponsabilidad de las familias. Hoy, muchos equipos de convivencia escolar enfrentan situaciones reiteradas donde, pese a múltiples intervenciones, no logran involucrar activamente a los apoderados. En ese contexto, una sanción puede funcionar como un “último llamado” que movilice a quienes han permanecido al margen.
Pero aquí está el riesgo: si el foco se pone solo en castigar, se pierde la oportunidad de intervenir de manera preventiva.
La evidencia y la experiencia en terreno muestran que las conductas de acoso suelen estar asociadas a otros factores, tales como dificultades en la regulación emocional, baja empatía, experiencias previas de violencia, aislamiento social o problemas de salud mental no detectados. En muchos casos, el estudiante que agrede también requiere apoyo.
Por eso, cualquier política pública en esta línea debe ir acompañada de tres elementos clave: sistemas de detección temprana, fortalecimiento de los equipos psicosociales en los establecimientos, y trabajo efectivo con las familias. No desde la sanción, sino desde la formación y el acompañamiento. Muchos padres simplemente no cuentan con herramientas para abordar estas situaciones.
En este sentido, la discusión no debería centrarse únicamente en multar o no. La verdadera pregunta es cómo construimos comunidades educativas capaces de prevenir el bullying antes de que ocurra, porque cuando llegamos a la multa, seguimos llegando tarde.
