El debate sobre el acceso a medicamentos vuelve a ser un punto crítico para el sistema de salud. La incertidumbre de recursos, en un escenario de tensión financiera, obliga a revisar en detalle el gasto público y las herramientas para responder a una demanda oncológica creciente, ahora reforzada por la alerta sanitaria.
Se implementación acelerará la necesidad de despejar listas de espera y ampliar la capacidad de tratamiento, con decisiones rápidas, uso eficiente del presupuesto y gestión responsable del stock de medicamentos. En este contexto, las terapias que demuestren costo-efectividad, eficacia y seguridad adquieren valor estratégico. Porque no se trata solo de gastar menos, sino de gastar mejor. Y en ese marco, los biosimilares se posicionan como una alternativa viable y necesaria porque permiten ampliar el acceso sin poner en riesgo resultados clínicos y liberan recursos que pueden ser decisivos para la gestión del sistema.
En paralelo, la actualización de biosimilares en la Norma Técnica 170, recientemente en consulta pública, debe alinearse con estándares internacionales para no dificultar su incorporación ni su intercambiabilidad con medicamentos de referencia. Además, los comités oncológicos debieran tener un rol protagónico en las decisiones sobre su uso. Esto no solo eleva la calidad del proceso, sino que asegura coherencia y equidad dentro de los centros de salud.
Si el sistema enfrenta restricciones financieras y debe responder con más rapidez y cobertura en cáncer, no puede prescindir de herramientas disponibles. Los biosimilares ya cuentan con respaldo internacional y pueden incorporarse al arsenal terapéutico del sistema público. Chile tiene la posibilidad de avanzar hacia un modelo de acceso más eficiente, moderno y justo; la urgencia es ahora.
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