En mi columna anterior sostuve que a Rodrigo Mundaca se le había “olvidado” mencionar en su Cuenta Pública el duro Informe Final N° 152-2025 de Contraloría. Fui generoso. Después de lo ocurrido en el pleno del Gobierno Regional del 4 de junio, corresponde corregir: al parecer no fue olvido, fue ocultamiento.
El gobernador fue claro en su defensa: insistió en que el informe era confidencial, que no podía referirse a él y que existirían recursos de reconsideración pendientes. Pero esa explicación se derrumbó en la misma sesión. Tras la intervención de la consejera regional Elsa Bueno y la precisión del consejero Felipe Córdoba, quedó sobre la mesa un hecho incómodo: el informe estaba publicado en la propia página de Transparencia del Gobierno Regional, en el apartado de Auditoría correspondiente a abril de 2026. Es decir, no se trataba de un documento secreto ni inaccesible para la ciudadanía, sino de un documento que se manejó para que pasara inadvertido por el Consejo Regional y de paso por la Región completa, lo cual no es tan solo impresentable, sino que además indefendible.
Más aún, según se reconoció finalmente por el Gobernador ante al Consejo Regional, que habría sido el propio equipo de Auditoría Interna el que publicó dicho informe el 8 de mayo de 2026. Entonces la pregunta cae sola: si el informe estaba en poder del GORE, si era conocido por su administración y si estaba publicado antes de la Cuenta Pública del 27 de mayo, ¿cuál fue la razón para no mencionarlo?
Aquí conviene ser precisos. El informe de Contraloría sí señala que el preinforme fue puesto en conocimiento del Gobierno Regional “con carácter confidencial”. Pero una cosa es el preinforme y otra muy distinta es el Informe Final N° 152-2025, fechado el 14 de abril de 2026. La confidencialidad del preinforme no puede transformarse en excusa para silenciar un informe final que contiene observaciones, reparos, seguimiento, sumario administrativo y remisión al Ministerio Público para esclarecer posibles hechos con caracteres de delito.
El propio informe final es claro: Contraloría auditó transferencias del Gobierno Regional al sector privado, vía asignación directa, con cargo a los subtítulos 24 y 33, realizadas entre 2021 y 2023, además de gastos rendidos al 31 de mayo de 2024. No estamos ante una discusión menor ni ante un comentario político: estamos ante una auditoría externa sobre el uso de recursos públicos, en un Gobierno Regional que estaba sin control.
Y los datos son demasiado graves como para haberlos omitido. Contraloría constató que el GORE mantenía ocho iniciativas con recursos sin rendir, observados o por reintegrar por $3.880.315.781. Además, tres iniciativas mantenían rendiciones en proceso de revisión por $3.653.322.790. También se formulará reparo por $231.624.359, compuesto por gastos aprobados a Fundación Crea Energía y Corporación FIMA sin acreditación suficiente o sin justificar su uso exclusivo y necesario para los proyectos financiados.
A ello se suma que Contraloría remitió el informe al gobernador regional, a la jefa de Auditoría Interna y a la Fiscalía Regional de Valparaíso del Ministerio Público. Además, dispuso la sustanciación de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades administrativas derivadas de los hechos detectados.
Por eso la defensa del gobernador es tan preocupante. Si Mundaca sabía que el informe existía, que era final y que estaba publicado, entonces no lo olvidó: decidió no contarlo. Y si no lo sabía, la situación tampoco mejora y preocupa aún más; significaría que su propio equipo no le informa adecuadamente materias que comprometen miles de millones de pesos, reparos de Contraloría, sumarios y antecedentes enviados al Ministerio Público. En cualquiera de los dos escenarios, el liderazgo regional queda profundamente cuestionado.
Porque aquí el problema no es solo comunicacional. Es institucional. El informe constató ausencia de manuales formalizados, falta de sistemas integrados, uso de planillas Excel y prácticas manuales para controlar rendiciones. Contraloría incluso observó que ese sistema afectaba la trazabilidad, oportunidad e incluso la confiabilidad de la información usada para controlar recursos públicos transferidos.
Esto confirma lo que hemos venido señalando: el Gobierno Regional de Valparaíso se transformó en una oficina de partes de la billetera regional. Municipios, fundaciones, corporaciones, universidades y otras entidades formulan, ejecutan o administran; el GORE financia, anuncia y controla deficientemente. La municipalización de los proyectos y la tercerización de la ejecución reemplazaron la iniciativa propia.
Y cuando no existe control efectivo, la cuenta pública deja de ser rendición y pasa a ser un relato que incumple su misión de informar.
El caso Bomberos/JNCB es especialmente sensible. En el proyecto de 67 carros bomba, el GORE efectuó una segunda remesa por más de $3.305 millones cuando no se había rendido la adquisición de ningún carro, y no exigió garantía por $2.894.660.000 de la primera remesa.
Las rendiciones pendientes de revisión aumentaron luego a $3.616.112.006, pese a la entrega de 19 carros bomba.
Pero sería un error permitir que el gobernador desvíe toda la discusión hacia Bomberos. Los reparos patrimoniales por $231,6 millones se relacionan con Fundación Crea Energía y Corporación FIMA. En Crea Energía, el GORE aprobó gastos por $220.557.109 vinculados a servicios digitales y audiovisuales sin antecedentes suficientes que acreditaran su ejecución efectiva. En FIMA, aprobó $11.067.250 para remodelación de un inmueble sin acreditar uso exclusivo y necesario para el proyecto.
Entonces la pregunta no es solo por qué se gastó. La pregunta es ¿quién controló? ¿Quién aprobó? ¿Quién revisó? ¿Quién dejó pasar?
¿Quién debía fiscalizar? Y, ahora: quién decidió que nada de eso merecía ser contado en la Cuenta Pública.
La situación se agrava si, frente a estas preguntas, la respuesta es amenazar con acciones judiciales a quienes ponen el informe sobre la mesa. La fiscalización democrática no se amedrenta, se agradece. Más cuando el documento cuestionado no salió de un cajón clandestino como se quiso hacer entrever en el plenario del 4 de junio, sino de la propia transparencia del Gobierno Regional.
Una cuenta pública no puede ser un acto de selección conveniente de la verdad. No puede contar las 712 iniciativas y los más de $115 mil millones priorizados, pero callar los $3.880 millones sin rendir, observados o por reintegrar. No puede hablar de estrategia regional seria, cuando se esconde una auditoría que muestra lo contrario.
La Región de Valparaíso no merece una administración que se defienda con medias verdades. No merece un Gobierno Regional sin ruta y dependiente de proyectos ajenos para mostrar gestión. Tampoco merece que el silencio se disfrace de prudencia cuando lo que está en juego es el destino de los dineros del pueblo.
Como afirmé en la columna anterior, citada por el Gobernador también para amedrentar: tercerizar la ejecución no terceriza su responsabilidad. Publicar un informe en Transparencia y luego actuar como si fuera secreto, anunciando acciones judiciales para quienes nos refiramos a él, es más grave aún y justamente pone en tela de juicio lo mismo que Mundaca pretendió proteger con sus palabras: la honra, la probidad de quienes prestan funciones en el gobierno judicial, mancillándola él mismo.
