La Ley 21.819, publicada el 25 de mayo en el Diario Oficial, llega en un momento delicado para la educación pública chilena. La instalación de los Servicios Locales de Educación Pública —el proceso por el cual el Estado retoma la administración de los establecimientos que durante décadas estuvieron en manos de los municipios— ha sido más difícil de lo previsto. Hubo paros, problemas de gestión, deudas heredadas, infraestructura deteriorada y comunidades educativas que sintieron el costo de la transición. La nueva ley reconoce esa realidad y, en lugar de dar marcha atrás, ajusta el proceso para que pueda completarse mejor. Es una decisión que merece ser leída en sus propios términos.
Conviene recordar por qué se inició esta reforma. Durante años, la administración municipal de la educación produjo una desigualdad estructural que el discurso público rara vez nombró con claridad. Un mismo país tenía sistemas escolares profundamente distintos según el municipio en que el estudiante había nacido. Comunas con mayores recursos podían sostener sus escuelas con cierta dignidad; otras acumulaban deudas previsionales con sus profesores, infraestructura en mal estado y equipos directivos que cambiaban al ritmo de las elecciones locales. La idea de los Servicios Locales fue, en su origen, una respuesta a ese desbalance: profesionalizar la administración, ganar escala, separar la educación pública de las contingencias políticas comunales. No fue una idea menor. Fue, en muchos sentidos, una corrección largamente postergada.
Lo difícil ha sido ponerla en práctica, y eso también merece honestidad. El traspaso de un sistema entero, con sus deudas acumuladas, su personal, su infraestructura y sus comunidades, es una operación de una envergadura que en su momento se subestimó. Los primeros Servicios Locales se instalaron con muchas dificultades y enfrentaron crisis que llegaron al espacio público. Esas crisis no eran inherentes al modelo, pero mostraron que el modelo necesitaba más herramientas para funcionar bien. Es precisamente eso lo que la Ley 21.819 intenta entregar.
La nueva norma fortalece la gestión en varios frentes. Crea un Fondo para la Infraestructura Escolar destinado específicamente a los establecimientos públicos. Endurece la responsabilidad administrativa de los directores de Servicios Locales. Establece un mecanismo para que el Ministerio pague directamente las deudas previsionales heredadas de los municipios y luego las descuente del Fondo Común Municipal. Sanciona a los alcaldes que no cumplan con sus planes de transición. Permite a los profesores trasladarse entre Servicios Locales sin perder su antigüedad. Habilita la contratación de reemplazos cuando un docente se ausenta. Crea instancias de participación —consejos parvularios, consejos de asistentes, conferencias de directores— que reconocen que la educación también se gestiona desde abajo. Son ajustes prácticos que responden a problemas concretos que la primera versión del sistema no supo prevenir.
La ley también fija una fecha: 2035 como plazo máximo para que todos los municipios terminen de traspasar sus establecimientos. Esa fecha es lejana, sí, pero también es una señal: el proceso no puede seguir corriéndose indefinidamente. Cada nuevo aplazamiento tiene un costo que rara vez se contabiliza, pero que existe. Comunidades educativas que viven años en una incertidumbre administrativa que erosiona la confianza en el sistema. Estudiantes que cursan toda su escolaridad bajo un régimen en transición. Profesores que no terminan de saber a qué empleador responden. Un sistema en obras permanente es también un sistema más frágil para quienes lo habitan.
Lo que está en juego en esta reforma, más allá de la arquitectura institucional, es el tipo de educación pública que el país quiere ofrecer a sus estudiantes. Y eso tiene consecuencias sobre cada niño que entra a una escuela pública chilena. Un sistema con condiciones de funcionamiento dignas, con financiamiento estable, con personal protegido y con planificación de largo plazo entrega un mensaje silencioso pero persistente a quienes pasan por él: que lo que ocurre ahí importa, que el Estado se hace cargo de sus condiciones, que vale la pena tomarlo en serio. Ese mensaje incide en la imagen que un estudiante construye de sí mismo como aprendiz. No es solo cuestión de presupuesto. Es cuestión de pertenecer a una institución que se ha tomado en serio a sí misma.
Por eso conviene leer la nueva ley con menos sospecha y más exigencia. La fecha de 2035 no debe entenderse como un horizonte cómodo sino como un compromiso. Si la reforma se vuelve a postergar, no será un retraso técnico. Será la señal de que el sistema político no se está tomando en serio una de las correcciones estructurales más importantes que la educación chilena ha intentado en décadas. Cada año perdido se paga en escolaridades concretas, en trayectorias específicas, en niños que pasaron por escuelas en transición sin haber visto nunca el régimen prometido. Esa cuenta también importa.
