Mientras los alcaldes reclaman más recursos por la vía de las contribuciones, miles de negocios formales esperan meses para obtener una patente comercial. Destrabar ese proceso es la palanca de ingresos que los municipios tienen frente a sus propias narices.
Cada vez que se discute el financiamiento municipal en Chile, el debate termina en el mismo lugar: las contribuciones de bienes raíces. Y no es para menos: en 2024, el Impuesto Territorial financió el 61% del Fondo Común Municipal, con una recaudación que superó los 2,5 billones de pesos. Pero concentrar toda la mirada en esa fuente es perder de vista una oportunidad concreta, menos visible y más fácil de activar: las patentes comerciales, requisito relevante para la formalidad de un negocio.
En Chile, las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 98,6% del total de firmas y generan cerca del 65% del empleo formal privado. Cada una de esas empresas debería ser fuente de ingresos para su municipio a través de la patente comercial. Sin embargo, obtener ese permiso puede tomar entre 15 días hábiles en el mejor caso y más de seis meses -o incluso un año- en escenarios de alta complejidad burocrática, según diagnósticos del sector privado. Mientras el trámite no concluye, el municipio no recauda y peor aún, termina perdiendo ingresos ante un cambio de comuna.
El problema no es solo el tiempo. Es la heterogeneidad: cada municipio define sus propios requisitos, sus propios formularios y sus propios criterios de aprobación. Lo que en una comuna es un trámite digital de tres pasos, en otra implica certificados de la Dirección de Obras, informes del Seremi de Salud, visitas inspectivas y varias idas y venidas en ventanilla. El emprendedor, muchas veces, abandona. Y con él, se va también el ingreso que el municipio hubiera generado.
Formalizar para recaudar
La lógica es simple: una empresa que no tiene patente no paga patente. Y una empresa que opera en la informalidad porque el trámite era demasiado engorroso, tampoco. Los municipios, sin saberlo, están dejando ingresos sobre la mesa cada vez que complican innecesariamente el proceso de formalización. La burocracia no es solo una molestia para el emprendedor; es un costo directo para las arcas comunales.
Como perito judicial especializado en materias tributarias y financieras, he visto en numerosos casos cómo empresas que llevan meses o años operando sin patente terminan enfrentando procesos de fiscalización, multas y clausuras. Pero lo que no se ve -y es igual de relevante- es cuánto perdió el municipio durante todo ese tiempo en que el negocio existía pero no estaba registrado. Cada semestre sin patente es dinero que no ingresó, servicio que no se financió y peor aún la burocracia, gatilla que las empresas terminen defendiéndose judicialmente como por ejemplo con la prescripción del pago en 3 años, dejando de percibir con esto -las municipalidades- valioso ingresos las municipalidades.
