El académico de Derecho de la Universidad Andrés Bello, Antonio Leiva, sostuvo que “el principal desafío está en la capacidad del sistema para responder a las necesidades de los niños y de las familias al mismo tiempo».
Aunque la nueva Ley de Adopción ya fue promulgada y publicada, su implementación continúa pendiente debido a que aún no concluye la tramitación de los reglamentos necesarios para su entrada en vigencia. Así lo explicó Antonio Leiva, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, quien sostuvo que el principal obstáculo no es la ley en sí, sino la ausencia de la normativa administrativa que permite hacerla operativa.
«Que una ley esté vigente, pero que no pueda implementarse está lejos de lo ideal», afirmó el académico, enfatizando que «toda norma jurídica tiene como propósito aplicarse a la realidad que regula».
Leiva precisó que el reglamento de la nueva legislación ya fue elaborado, pero aún no ha completado su tramitación administrativa. «El reglamento ya fue elaborado, pero no se encuentra totalmente tramitado: ese es el genuino problema», señaló.
El abogado explicó que, mientras este proceso no finalice, la nueva legislación no puede desplegar todos sus efectos, manteniéndose en funcionamiento el sistema establecido por la normativa anterior.
Respecto de los cambios que incorpora la nueva ley, Leiva destacó que uno de sus principales objetivos es simplificar los procedimientos de adopción. En ese sentido, indicó que la reforma «busca darle unidad al proceso de adopción, evitando duplicidad y multiplicidad de trámites», con el propósito de reducir los tiempos de espera para que niños, niñas y adolescentes puedan integrarse a una familia.
Sin embargo, advirtió que el éxito de la reforma no dependerá únicamente de los nuevos plazos fijados por la legislación, sino también de la capacidad del Estado para ejecutarla de manera efectiva.
«El principal desafío está en la capacidad del sistema para responder a las necesidades de los niños y de las familias al mismo tiempo», sostuvo.
Finalmente, Leiva recalcó que el cumplimiento de los nuevos tiempos establecidos por la ley exige una adecuada gestión institucional. «Los plazos dependen no sólo de estar fijados en la ley, sino además de la capacidad que tenga la administración del Estado para gestionarlos», concluyó.
