Aunque Chile presenta altos estándares de calidad de agua potable en las zonas urbanas, expertos advierten que los principales desafíos están en la escasez hídrica, la protección de las fuentes de agua y el acceso continuo al recurso en sectores rurales.
Cuando hablamos de agua potable, el imaginario suele llevarnos a una persona llenando un vaso directamente desde el grifo de su cocina. Aunque para muchos este gesto cotidiano parece obvio, detrás existe una compleja infraestructura de captación, tratamiento, monitoreo y distribución que permite que millones de personas accedan a agua segura para el consumo humano.
En cuanto a calidad, Chile destaca a nivel internacional. Según el Índice de Desempeño Ambiental de la Universidad de Yale de 2023, el país se ubicó en el puesto 32 a nivel mundial entre las naciones con agua más seguras para consumo, liderando en Sudamérica.
El biólogo marino del Centro Regional de Estudios Ambientales (CREA) de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC), Dr. Pablo González, coincide con este diagnóstico: “En las zonas urbanas concesionadas, el agua suele ser segura para consumo humano, debido a la existencia de infraestructura sanitaria, sistemas de tratamiento, desinfección, monitoreo permanente y fiscalización. Sin embargo, esta condición no es homogénea en todo el territorio”, señaló.
En el Biobío, las condiciones para el abastecimiento de agua potable son favorables en comparación con otras regiones del país. Según González, la disponibilidad de fuentes superficiales como ríos y embalses facilita el cumplimiento de los estándares de calidad, ya que estas suelen presentar menores concentraciones naturales de sales y minerales que las aguas subterráneas predominantes en zonas del norte de Chile. No obstante, advirtió que la región también enfrenta desafíos asociados a las presiones urbanas, industriales, forestales y agrícolas, especialmente en sectores rurales.
El último registro de la Superintendencia de Servicios Sanitarios indica que la cobertura de agua potable alcanza el 99,9% en las áreas donde operan empresas concesionarias, es decir, principalmente en zonas urbanas. Sin embargo, la realidad es distinta en el mundo rural. Más de un millón de personas carecen de servicios sanitarios básicos como acceso a agua potable y, aunque no existe un indicador nacional de cobertura efectiva, la relación entre beneficiarios de Servicios Sanitarios Rurales (SSR) y la población rural total sugiere que solo el 47% de los hogares rurales cuenta con agua potable por cañería, según la encuesta CASEN 2022.
“Muchas localidades dependen de sistemas pequeños de abastecimiento, pozos, vertientes o camiones aljibe, por lo que la calidad y continuidad del agua puede ser más vulnerable. Esto ocurre porque existe menor infraestructura, menor capacidad técnica de operación y una mayor exposición a problemas como sequía, contaminación local, baja recarga de acuíferos o deterioro de las fuentes de agua. Por lo tanto, el principal desafío no está solo en asegurar agua potable, sino también en garantizar que el suministro sea continuo, seguro y sostenible en el tiempo”, complementó el doctor en Ciencias Ambientales.
El especialista agregó que los desafíos actuales del país se relacionan cada vez más con la disponibilidad del recurso hídrico. Si bien en las ciudades el suministro suele ser seguro y regulado, fenómenos como el cambio climático, la disminución de caudales y la sequía obligan a fortalecer la protección de las cuencas y las fuentes naturales de agua.
En este contexto, asegurar el acceso al agua potable en el largo plazo requerirá no solo mantener los estándares de calidad, sino también fortalecer los sistemas rurales y avanzar hacia una gestión sostenible del recurso.
