Tres años lleva Chile intentando reglamentar las aplicaciones de transporte. Tres años en los que miles de conductores han vivido en la incertidumbre, sin saber si podrán seguir generando ingresos mañana. Hoy, cuando existe una nueva oportunidad para corregir el rumbo, el país no puede tratar este tema como un simple ajuste técnico.
Aunque incorpora avances relevantes, la última versión del Reglamento de la Ley EAT mantiene requisitos que impactarán de forma significativa la movilidad y los ingresos de miles de conductores. Uno de los más críticos exige que los vehículos tengan una antigüedad máxima de 10 años al momento de inscribirse. Si entrara en vigencia así, dejaría fuera al 35% de los conductores activos del país. A ello se suma la exigencia de licencia profesional, generando un impacto aún mayor. El estudio del Centro UC de Encuestas y Estudios Longitudinales estimó que, de haber estado vigente el reglamento en mayo de 2026, 102.000 de los 136.000 conductores activos no habrían podido seguir operando.
En un país donde la desocupación sigue siendo una preocupación central, empujar a más de 100 mil personas fuera de una fuente de ingresos no puede tratarse como un daño colateral. Es un shock ocupacional previsible. Y el golpe sería especialmente duro fuera de Santiago, donde las alternativas de movilidad y empleo son más limitadas.
En Arica e Iquique, el 83% de los vehículos no cumplirían el requisito de antigüedad vehicular. En Tarapacá, el 76%. En Aysén, el 54%, y en Magallanes, el 45%, según el estudio mencionado. En varias zonas del país, el reglamento reducirá drásticamente la oferta para los pasajeros. Menos conductores significan más tiempos de espera, menor cobertura, posibles alzas de tarifas y menos opciones para quienes necesitan ir al trabajo, al médico, o volver seguro a casa en una ciudad donde a ciertas horas no hay otra alternativa.
inDrive apoya la regulación. La certeza beneficia por igual a conductores, pasajeros y plataformas. Regular no debe ser sinónimo de excluir.
Por eso proponemos tres acciones concretas: ampliar el umbral de antigüedad vehicular a 12 años al momento de la inscripción, incorporar criterios diferenciados por zona geográfica que reconozcan que el parque vehicular de Magallanes no es igual al de Las Condes o Vitacura y revisar la exigencia de licencia profesional considerando su impacto sobre los conductores actuales.
Una norma que deja a más de 100 mil personas sin una fuente de ingresos no resuelve un problema: crea otro, y se lo traspasa directamente a las familias. Chile tiene hoy una ventana para mejorar una regulación que afectará la movilidad y el ingreso de conductores en todo el país, especialmente en regiones con un parque vehicular más antiguo.
Un reglamento flexible, técnico y con sentido regional es una necesidad para los conductores que dependen de esta herramienta y para los millones de pasajeros que utilizan este servicio diariamente.
Las regiones no pueden esperar otra vuelta más.
