El parlamentario explicó que hoy se está desarrollando un “hito muy importante”, ya que por primera vez, “la oposición en su conjunto se reúne a nivel nacional para coordinar una articulación que permita hacer frente a los desafíos que nos plantea el gobierno». Soto también se refirió a la megarreforma tributaria, a la agenda de seguridad del gobierno y a la intención de sectores de derecha de pausar la Ley Karin por 5 años.
Por primera vez, la oposición en su totalidad se reunió a nivel nacional para coordinar una articulación que permita hacer frente a los desafíos que plantea el gobierno de José Antonio Kast. El presidente del PPD, el diputado Raúl Soto calificó el encuentro como «un hito muy importante» y advirtió que el Ejecutivo «está privilegiando a un pequeño grupo del país y desfavoreciendo a las grandes mayorías, especialmente a la clase media, a los sectores vulnerables y también a los emprendimientos».
«Hoy día hemos desarrollado un hito muy importante. Por primera vez, la oposición en su conjunto se reúne a nivel nacional para coordinar una articulación que permita hacer frente a los desafíos que nos plantea el gobierno», señaló Soto.
El parlamentario explicó que el mandato de la mesa nacional de presidentes de partidos de oposición es «construir la unidad en la diversidad»: «Hay que hacer el esfuerzo de coordinarse, de ver en cuáles materias tenemos posturas comunes, pero también, cuando surjan diferencias, las tenemos que procesar sobre la base del respeto de quienes pensamos, en algunos casos, distinto».
Soto subrayó que la articulación busca evitar lo ocurrido en los primeros meses del gobierno: «Queremos evitar que el gobierno, logrando mayorías circunstanciales, frágiles o pirquineando algunos votos, logre pasar sus proyectos sin ninguna capacidad de incidencia de la oposición. Este es un hito de muchos otros que vamos a realizar».
Reforma tributaria y Tribunal Constitucional
El diputado sostuvo que, si bien el gobierno obtuvo «una mayoría circunstancial», ese triunfo «es frágil», y puso las expectativas en el Tribunal Constitucional, que ya declaró admisibles los tres requerimientos presentados por la Cámara y el Senado.
«Estamos convencidos de que el Tribunal Constitucional se va a formar la convicción que nosotros tenemos: que los argumentos son suficientemente sólidos y robustos para que se declaren inconstitucionales aspectos tributarios y medioambientales de esta mega reforma», afirmó.
Consultado sobre si un fallo favorable sería una victoria, respondió: «Por supuesto que sería una victoria, no para la oposición, sino que para la ciudadanía. Si la mega reforma fuera plebiscitada hoy día, perdería. La mayoría estaría en contra». Agregó que el gobierno «está buscando financiar proyectos de particulares con fondos públicos que pertenecen a todos los chilenos».
Ley Karin
Frente a las propuestas de modificar la Ley Karin, Soto fue categórico: «Decimos fuerte y claro que no estamos por la suspensión de la Ley Karin. Muy por el contrario, creemos que hay que profundizarla, probablemente mejorarla, ver cómo está operando en la práctica y dónde están los problemas».
«Una cosa es plantear correcciones y mejoras, que es bienvenido, pero otra cosa muy distinta es tratar de suspender o derechamente debilitar aquellos procedimientos que buscan resguardar a los trabajadores y trabajadoras», enfatizó.
El diputado recordó que se trata de «una legislación que alcanzó una amplia mayoría democrática, tanto en la Cámara como en el Senado» y llamó al presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados y a la mesa a «hacer una defensa institucional de una ley que fue sancionada y votada mayoritariamente por el Congreso Nacional, y que hoy día quieren desconocer algunos sectores políticos». «No es posible que ahora se busque borrar con el codo lo que se escribió recientemente con la mano», agregó.
Agenda de seguridad
Sobre la megarreforma de seguridad, Soto manifestó una «predisposición positiva y constructiva», pero advirtió que la oposición no será ingenua: «Vamos a mirar con lupa el detalle de cada uno de los más de treinta proyectos que el gobierno va a ingresar, para que no se intente pasar de listo y meter otras cosas que poco o nada tienen que ver con el crimen organizado, con el narcotráfico y con las nuevas formas de victimización».
«Si el gobierno quiere implementar una agenda de carácter ideológico, escondiendo bajo la apariencia de temas de seguridad iniciativas que busquen debilitar los derechos sociales de la población, para eso no nos vamos a prestar. Vamos a estar vigilantes, pero dispuestos a tramitar cada una de estas materias», señaló.
Respecto de las Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), fijadas por el gobierno como condición previa para el despliegue de las Fuerzas Armadas, indicó: «Las reglas de uso de la fuerza son necesarias para que existan contextos normativos claros respecto de los derechos, los deberes, los límites y las herramientas con las cuales las Fuerzas Armadas eventualmente podrían actuar. Tenemos apertura para evaluar las distintas alternativas que hay sobre la mesa».
El diputado cuestionó que el gobierno no incorporara la ley de infraestructura crítica en su agenda: «Extraño que el gobierno no haya incorporado en esta mega reforma de seguridad la ley de infraestructura crítica, que se viene tramitando desde el gobierno anterior, que habilita la utilización de las Fuerzas Armadas en ciertos contextos por razones de seguridad y que está bastante avanzada, pero requiere el impulso del Ejecutivo».
En cambio, criticó que se plantee «un estado de excepción distinto, que va a traer a foja cero la discusión legislativa y política». «A lo mejor el gobierno debe poner su foco en la ley de infraestructura crítica y generar un consenso a partir de lo que arroje el resultado de la regla de uso de la fuerza», propuso.
Además, Soto lamentó que el gobierno haya dejado fuera de la reforma el alzamiento del secreto bancario y respondió al ministro Rau, quien afirmó que la vía judicial ya funciona: «La mejor manera de combatir el crimen organizado es desbaratando las bandas criminales desde adentro, debilitando su poder económico, persiguiendo la ruta del dinero. Y para hacerlo, lo más eficiente y efectivo es el alzamiento del secreto bancario».
«No entendemos por qué el gobierno ha dejado fuera algo tan relevante. ¿A quiénes protegen? ¿Por qué están evitando ese debate? Hacemos un llamado al gobierno a abrirse a esta posibilidad, a buscar fórmulas técnicamente viables para dar una señal fuerte al crimen organizado: que el Estado los va a perseguir y les va a dar allí donde más les duele, que es en el bolsillo», afirmó.
Agenda laboral y defensa de los derechos sociales
El diputado anunció que la oposición trabajará en conjunto en el debate laboral que viene «para defender los derechos de los trabajadores y no permitir retrocesos en las 40 horas, en las indemnizaciones por años de servicio». Advirtió que la flexibilización propuesta por el gobierno «no puede beneficiar solamente a los grandes empleadores», sino proteger las condiciones de vida y de trabajo.
Como parte de la agenda del PPD, Soto adelantó el lanzamiento de la campaña «PPD en la calle»: «Vamos a salir a la calle con folletería, a conversar con la gente respecto de los efectos nocivos de la mega reforma de este gobierno».
Finalmente, propuso abrir un debate constitucional para «blindar en la Constitución los derechos sociales a través de una invariabilidad normativa que proteja la PGU, las 40 horas, las indemnizaciones de los trabajadores y la gratuidad». «Si el gobierno quiere incorporar la seguridad pública en la Constitución, bienvenido sea, pero que considere también dar mayores garantías en derechos sociales para la gente», cerró.
