El parlamentario advirtió que la propuesta del Ejecutivo corre el riesgo de transformar la Constitución en un instrumento para ampliar castigos y debilitar garantías fundamentales. En particular, cuestionó la exclusión por 15 años de prestaciones vinculadas a derechos sociales para personas que ya hayan cumplido sus condenas.
El diputado Jaime Bassa manifestó su preocupación por el contenido de la reforma constitucional en materia de seguridad que prepara el Gobierno y que, de acuerdo con el borrador conocido públicamente, contempla 11 modificaciones a la Carta Fundamental para ampliar las herramientas del Estado frente al crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo.
Entre las modificaciones propuestas se encuentra la creación de un nuevo artículo 9 bis, que permitiría establecer regímenes penitenciarios diferenciados y que contempla que las personas condenadas por determinados delitos queden inhabilitadas, durante el cumplimiento de su pena y por 15 años después de haberla cumplido, para acceder a prestaciones financiadas con recursos públicos vinculadas a derechos como salud, educación, trabajo y seguridad social.
Al respecto, Bassa advirtió que “me preocupa que el Gobierno pretenda convertir la Constitución en un catálogo de exclusiones y que confunda una política de seguridad con la acumulación de castigos. Por supuesto que necesitamos fortalecer las herramientas del Estado para enfrentar al crimen organizado. Sin embargo, excluir durante 15 años de prestaciones vinculadas a derechos sociales a una persona que ya cumplió su condena significa extender los efectos punitivos del Estado mucho más allá de la pena impuesta por los tribunales”.
El diputado agregó que “una política seria tiene que perseguir y sancionar con firmeza, pero también prevenir, rehabilitar y evitar que el delito se reproduzca. La mano dura, sin una visión de futuro, puede servir como consigna, pero difícilmente construye un país más seguro. La Constitución no está para administrar venganzas”.
El borrador del Ejecutivo también contempla la creación de un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública ante la acción de organizaciones criminales, que permitiría restringir derechos como las libertades de locomoción y reunión y establecería mecanismos de colaboración de las Fuerzas Armadas con las Fuerzas de Orden y Seguridad.
Para Bassa, la discusión legislativa deberá abordar con especial cuidado el alcance de estas modificaciones, considerando que combatir eficazmente al crimen organizado requiere entregar herramientas adecuadas al Estado, pero sin convertir la Constitución en una vía para eludir los límites y garantías.
