• El parlamentario del Partido Nacional Libertario ofició para conocer cuántos matrimonios y Acuerdos de Unión Civil con ciudadanos extranjeros se han celebrado desde 2022.
El diputado por Tarapacá, Álvaro Jofré (PNL), solicitó al Registro Civil información sobre el número de matrimonios y Acuerdos de Unión Civil celebrados con ciudadanos extranjeros desde 2022 a la fecha, ante antecedentes difundidos públicamente que darían cuenta de un eventual uso instrumental de estas instituciones para facilitar la obtención de residencia temporal por reunificación familiar.
El parlamentario señaló que, de confirmarse estas prácticas, se estaría desnaturalizando el propósito del matrimonio y los Acuerdos de Unión Civil, transformándolos en mecanismos para eludir los requisitos migratorios establecidos por el Estado.
“Si existen personas que están utilizando el matrimonio o los acuerdos de unión civil únicamente como una vía para obtener beneficios migratorios, estamos frente a una situación que debe ser investigada y fiscalizada. Estas instituciones fueron creadas para proteger vínculos familiares y personales reales, no para convertirse en una puerta trasera para obtener residencia en Chile”, sostuvo Álvaro Jofré.
El diputado del PNL manifestó además su preocupación por los antecedentes que apuntarían a la eventual existencia de intermediarios que coordinarían estos vínculos a cambio de dinero.
“Si se acredita la participación de intermediarios que lucran con este tipo de operaciones, ya no estaríamos hablando de casos aislados, sino de una posible actividad organizada que requiere una respuesta firme de las autoridades”, afirmó.
Por ello, Jofré solicitó conocer el número de matrimonios y Acuerdos de Unión Civil celebrados con ciudadanos extranjeros desde 2022, desagregados por año a nivel nacional y, particularmente, en cada una de las comunas que integran el Distrito 2 de la Región de Tarapacá.
“Necesitamos información concreta para determinar si estamos frente a una situación puntual o a un fenómeno que requiere medidas adicionales de fiscalización. La política migratoria debe respetar la ley y, al mismo tiempo, evitar que instituciones jurídicas sean utilizadas para burlar los controles establecidos por el Estado”, concluyó el diputado Álvaro Jofré.
