La posibilidad de postergar por un año la entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales entrega, inevitablemente, una señal negativa. Chile ha tenido cerca de dos años para prepararse ante un cambio regulatorio que posicionaría al país con una de las normativas más exigentes del mundo en materia de seguridad de datos.
Si bien, la postergación es una propuesta, los argumentos son contundentes y pone en jaque la ejecución correcta de la normativa. Desde la perspectiva de quienes trabajamos diariamente con tecnología y seguridad digital, contar con reglas modernas para el tratamiento de datos personales es cada vez más urgente.
Los datos hoy son utilizados para múltiples servicios, pero también pueden convertirse en herramientas para el fraude, la suplantación de identidad y distintas formas de engaño que ya hemos visto en el último tiempo. Por eso, avanzar hacia estándares más exigentes no es solamente una discusión regulatoria: significa entregar mayores herramientas y certezas a las personas sobre el uso y protección de su información.
En ese contexto, aunque una eventual postergación no es la señal que esperábamos después de dos años de preparación, también sería un error implementar una normativa de esta relevancia sin contar con la institucionalidad y las condiciones necesarias para cumplir las expectativas que ella misma genera.
Si efectivamente Chile necesita más tiempo, reconocerlo puede ser una decisión responsable. Pero ese tiempo adicional debe tener un propósito claro: instalar correctamente la institucionalidad pendiente, entregar certezas a quienes deberán cumplir la normativa y asegurar que, cuando entre en vigencia, la nueva ley pueda aplicarse con toda la fuerza.
Chile tiene la oportunidad de avanzar hacia uno de los estándares más exigentes de la región en protección de datos. Si finalmente existe una postergación, esta no puede convertirse en una pausa ni en un retroceso, sino en un plazo excepcional para llegar mejor preparados. Porque el objetivo final no es simplemente contar con una nueva ley, sino lograr que las personas tengan, en la práctica, mayor control y seguridad sobre sus datos.
