El diputado por la Región de Antofagasta, Jaime Araya (IND.-PPD), ofició a la Superintendencia de Pensiones para exigir una investigación por las millonarias pérdidas que, según una publicación de Bloomberg, habrían registrado los fondos previsionales chilenos producto de operaciones financieras vinculadas a tasas de interés en Estados Unidos. El parlamentario solicitó esclarecer el impacto de estas maniobras, estimado en US$7.700 millones, y determinar eventuales responsabilidades de las administradoras.
“Anoche Bloomberg informó que las AFP de nuestro país habrían perdido del orden de los 7.700 millones de dólares por malas maniobras de inversión. Por lo tanto, estamos oficiando a la Superintendencia de Pensiones, pidiéndole que emita una circular que obligue a las AFP a informar de manera detallada cuáles son los efectos sistémicos de estas pérdidas, pero además que informe a cada cotizante cuál es el daño que han producido en su capitalización individual”, señaló Araya.
El oficio, dirigido al superintendente de Pensiones, solicita emitir una instrucción de carácter general que obligue a las AFP a transparentar el impacto de estas operaciones, tanto en el sistema previsional como en las cuentas individuales de los trabajadores.
Asimismo, el parlamentario exigió identificar a las administradoras involucradas y evaluar la aplicación de sanciones, en caso de acreditarse actuaciones negligentes, culpables o dolosas en la administración de los fondos de pensiones.
“Queremos saber qué AFP están involucradas. Hay una obligación de transparencia con los cotizantes y, si no es por esta entidad extranjera, probablemente nadie en Chile se habría enterado de esta situación”, cuestionó el legislador.
Araya advirtió que la magnitud de los antecedentes conocidos exige una respuesta inmediata de la autoridad fiscalizadora, considerando que los fondos administrados por las AFP pertenecen a millones de trabajadores y trabajadoras que dependen de esos ahorros para financiar sus futuras pensiones.
En esa línea, sostuvo que “la Superintendencia tiene que actuar conforme a sus facultades legales, investigando si aquí hubo negligencia, dolo o culpa en la administración de los fondos de pensiones. Si se comprueban responsabilidades, deben aplicarse las sanciones que correspondan”.
Finalmente, el diputado insistió en que las administradoras tienen la obligación de entregar información clara y oportuna a sus afiliados, especialmente frente a operaciones financieras que podrían comprometer sus ahorros previsionales.
“Los trabajadores tienen derecho a saber qué pasó con su dinero, cuánto se perdió y quiénes son los responsables. No puede ser que los cotizantes tengan que enterarse por la prensa internacional de lo que ocurre con los ahorros de toda su vida. La Superintendencia debe actuar para defenderlos frente a eventuales abusos e irresponsabilidades de las AFP”, concluyó.
