Un recurso de protección por la “amenaza cierta, actual e inminente de demolición de las viviendas” de personas sobrevivientes del megaincendio de Viña del Mar fue interpuesto por 25 vecinos de El Olivar en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, quienes buscan de esta forma impedir del desmantelamiento de sus casas, levantadas en el marco del plan de reconstrucción.
La acción legal, que incluye una solicitud de orden de no innovar, está dirigida en contra del ministro de Vivienda, Iván Poduje; el seremi de Vivienda, Marcelo Ruiz; y el director del Serviu, Víctor Reinoso, y en contra de toda persona natural o jurídica que actúe por encargo de ellos.
Según señala el texto del recurso, esta amenaza “se configura por la demolición, ya en curso desde el 25 de septiembre de 2026, de viviendas del mismo programa de reconstrucción, de la misma tipología y colindantes” con las casas de los vecinos afectados. Esta demolición “se ejecuta sin acto administrativo notificado, sin procedimiento previo y, hasta donde esta parte conoce, sin permiso de demolición de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar” y amenaza los derechos de propiedad, integridad síquica e igualdad ante la ley de los recurrentes.
“Hoy en día existe una amenaza cierta, actual e inminente de demolición de las viviendas de mis representados, las que se están construyendo o han sido ya construidas en terrenos de su exclusivo dominio en el sector de El Olivar. En efecto, desde fines de septiembre se ha registrado, en distintos sectores de El Olivar, la presencia de operarios y cuadrillas de trabajadores de la empresa TERRATEC y G7 en las viviendas de los contratos que llevaban a cabo Social Arquitectura y San Sebastián, quienes están desarrollando actualmente trabajos de desmantelamiento de las casas, sacando distintos elementos estructurales de las viviendas, como vigas, paneles, puertas, etcétera. Se ha solicitado información a los encargados y a la Dirección de Obras de la municipalidad, sin que hasta ahora se haya presentado ningún tipo de permiso. Esta situación ha acrecentado la angustia de mis representados, quienes hoy están recurriendo a la justicia para frenar esta demolición encubierta”, señaló el abogado Juan Andrés Pavez, representante de los afectados.
El recurso detalla que no existe acto administrativo, procedimiento ni notificación para respaldar el desarme de las viviendas y que tampoco se trata de una decisión fundada, toda vez que “no existe evaluación técnica individual de cada vivienda que justifique su demolición”.
“Este nuevo recurso de protección considera una orden de no innovar, a través de la cual esperamos que la Corte de Apelaciones ponga fin o prevenga la ejecución de estas demoliciones encubiertas. En paralelo, en el marco de la apelación presentada ante la Corte Suprema, solicitamos también una orden de no innovar en este sentido, considerando que el mismo fallo anterior de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, del cual estamos apelando en este momento, señala que no existe un acto administrativo conocido que permita o autorice las demoliciones que se están llevando a cabo solapadamente”. “Mi casa está lista y necesito que me la entreguen pronto. Lo único que quiero yo es que me entreguen mi casa que está nueva y no me la demuelan, tengo hasta la medida de los muebles que iba a poner. De mi familia ya partió uno y no pudo llegar a la casa, no quiero que parta otro… ) Los anuncios de demolición) a uno le duelen, le angustian”, señaló Clemira Castro, vecina del sector y recur
