El malestar social merece ser escuchado, pero la violencia jamás puede ser justificada. Esta distinción, que parece básica, resulta urgente para mirar con perspectiva lo que vivimos en Chile a partir de octubre de 2019 y las constantes convulsiones que atraviesa Francia. Reconocer que existen demandas legítimas en la ciudadanía no nos obliga a validar la destrucción como un método de expresión política; del mismo modo, defender el orden público no significa darle la espalda a los problemas cotidianos de la gente.
Desde una mirada Republicana, tengo la convicción de que la legitimidad del Estado depende de dos pilares inseparables: su capacidad para dar respuestas a las necesidades reales y su firmeza para hacer cumplir la ley. Una autoridad que ignora a la ciudadanía destruye la confianza, pero una autoridad que se muestra incapaz de proteger a las personas frente al delito abjura de su deber más elemental.
«¿Qué pasa cuando las instituciones pierden la capacidad de encauzar los conflictos y la violencia termina suplantando el debate democrático?»
Reducir lo ocurrido en Chile a una conspiración perfectamente orquestada deja fuera de la ecuación las frustraciones reales con el costo de vida y el estancamiento. Pero describirlo como una simple fiesta comunitaria es ignorar la brutalidad de los incendios, los saqueos y la parálisis que afectó a miles de familias trabajadoras. En Francia ocurre algo similar: no se puede meter en el mismo saco el reclamo de los «chalecos amarillos» por el precio de los combustibles con las revueltas de 2023 en las periferias tras la muerte de Nahel Merzouk. Las causas cambian, pero la incapacidad institucional para contener el desborde es la misma.
Admitir esta complejidad no debilita una postura republicana; al contrario, la vuelve más exigente. Nos exige defender la autoridad sin usarla como un pretexto para desentendernos de la realidad social.
Una sociedad que promueve el mérito y el esfuerzo individual debe asegurar que las reglas del juego sean justas y creíbles. No se puede exigir responsabilidad personal si las familias perciben que las oportunidades están estancadas o reservadas para unos pocos. La defensa del progreso requiere instituciones serias, cancha pareja y autoridades que sepan dar explicaciones. La respuesta frente al resentimiento no puede ser la indiferencia, sino una vía real de desarrollo dentro del marco de la ley.
Recordando a Max Weber, el Estado se define por ejercer el monopolio legítimo de la fuerza. La palabra clave no es solo fuerza, sino legitimidad. Un Estado democrático debe resguardar a quien se manifiesta en paz y aplicar todo el rigor de la ley a quien destruye o agrede. No hay contradicción entre condenar la violencia de unos y exigir que el actuar policial sea profesional, riguroso y ajustado a derecho. Ambas cosas responden a la misma regla: nadie está por sobre la ley.
En la política no se pueden relativizar los medios según la conveniencia del momento. Ninguna causa entrega un pase libre para incendiar, amedrentar o arruinarle la vida al resto. Las decisiones de un país se toman a través de los canales democráticos, no bajo el chantaje de la violencia en las calles.
El orden público no es una consigna autoritaria de emergencia; es la base mínima para que una persona pueda trabajar, emprender, desplazarse y pensar distinto sin miedo. Las familias que se levantan temprano a trabajar merecen un Estado que no las abandone frente al caos ni actúe al margen de la ley.
Garantizar esa tranquilidad es la prueba de fuego de una autoridad verdaderamente democrática
