«Si el Gobierno ha optado por dejar de aplicar la causal de exclusión del artículo 17 de la Ley 19.856 en 56 casos, sin que mediara una orden judicial en ninguno de ellos, corresponde que explique con precisión cuál fue el fundamento jurídico de esa decisión, quién la adoptó y en qué acto administrativo consta”, se señala en el oficio.
La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD-Independientes ofició al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y al Subsecretario de Justicia, Luis Silva, para que informen sobre las 56 reducciones de penas otorgadas entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026 a personas condenadas por delitos de abuso sexual y violación de menores de edad, sus fundamentos y el criterio jurídico aplicado para no acatar la exclusión de la ley 21.421.
“El actual Ministerio habría sostenido que, si se cumplen los requisitos y no concurre una causal de exclusión, no podría negar la rebaja, y que existe una discusión judicial acerca de si la exclusión introducida por la Ley 21.421 se aplica a hechos cometidos antes de su entrada en vigencia. Por lo tanto, corresponde que explique con precisión cuál fue el fundamento jurídico de esa decisión, quién la adoptó y en qué acto administrativo consta», se indica en el oficio.
Asimismo, se solicita, entre otra cosas, la nómina de los 56 decretos exentos que conceden el beneficio de reducción de condena a personas condenadas por delitos de abuso sexual y violación de menores de edad, dictados entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, indicando respecto de cada uno: número y fecha del decreto; establecimiento penitenciario y región; delito y tribunal de la condena, con su RIT y RUC; fecha de comisión de los hechos; fecha de la sentencia condenatoria y pena impuesta; tiempo de reducción concedido y fecha de egreso resultante; y si la persona ya ha recuperado su libertad.
«El Ministerio de Justicia parece más el Ministerio de la Impunidad. Es incomprensible la rebaja de condena a 56 delincuentes condenados por abuso sexual y violación de menores. Por decreto se están burlando de las víctimas, y de todos quienes confiamos en la justicia. Violentan estas acciones inconsultas del Gobierno, que se llena la boca con seguridad, pero le da la espalda a mujeres y niños agredidos sexualmente. Oficiaremos para determinar todas las responsabilidades, desde el Ministro Rabat hacia abajo», afirmó la Jefa de Bancada PPD-Independientes, Andrea Parra.
Por su parte, el diputado PPD y miembro de la Comisión de Constitución y Justicia, José Montalva , señaló que “desde el gobierno deben explicar por qué se otorgaron 56 rebajas de condena por abusos sexuales y violaciones contra menores que, según lo informado, se concedieron sin que mediara una orden judicial. Esto es gravísimo. Es por eso que como bancada vamos a solicitar las resoluciones, sus fundamentos y el criterio jurídico utilizado para considerar que no les era aplicable la exclusión de la ley 21.421 tratándose de delitos de esta gravedad. El gobierno debe transparentar si estaba legalmente obligado a conceder esta rebaja y demostrarlo caso a caso. Las víctimas y el país merecen una explicación clara”.
En la misma línea, el diputado PPD y miembro de la Comisión de DDHH, Carlos Cuadrado , opinó que «creo que el Gobierno ha sido claro en establecer que están obedeciendo una orden judicial. Sin embargo, la parte positiva es que se modificó la ley que permitía este tipo de rebajas y, a partir de febrero pasado, nunca más gente como la que hoy día va a tener beneficios va a poder optar por esto. Y creo que también es importante que el Gobierno, el Ministerio de Justicia, aclare cuál es su posición al respecto. Ellos pueden decir que están cumpliendo un mandato judicial, pero lo importante es que den una señal política de qué es lo que piensa el Gobierno respecto de esto y cómo va a seguir hacia adelante».
Asimismo, el diputado PPD, Carlos Carvajal, manifestó que “es realmente vergonzoso e inmoral que el Gobierno haya decidido rebajar la pena de 56 condenados por abusos sexuales o violaciones a a menores de edad, sin ni siquiera que hayan mediado recursos judiciales por parte de los condenados. Esto es abiertamente un atentado contra la vida de niñas y niños y es totalmente contradictorio con la supuesta prioridad que le quiere dar el Gobierno a la protección de la infancia”.
