De acuerdo con la defensa de los demandados, la resolución de la justicia contra los dueños de la parcelación Oasis de La Campana, en la región de Valparaíso, abre camino para frenar el uso desproporcionado de acciones judiciales dirigidas contra líderes sociales, defensores ambientales o comunidades que ejercen la protección de su entorno y el acceso al agua.
Empresarios que han llevado a cabo una serie de demandas indemnizatorias en contra de propietarios de uno de sus proyectos inmobiliarios y de la organización vecinal que los agrupa, deberán responder ante un juez sobre una de las múltiples causas legales que han entablado contra los vecinos.
La resolución, dictada el 17 de octubre por la jueza Andrea Muñoz Saavedra, del Juzgado de Letras de La Calera, obliga a los demandantes, —Mauricio y Francisco Moreno Sagredo, así como a María Eugenia Sagredo Wagner, gerente general de Inmobiliaria Oasis de La Campana SpA— a asistir en forma presencial y obligatoria a una audiencia donde deberán responder un pliego de preguntas formuladas por la parte demandada.
“Esta decisión es inédita en la historia judicial del país y marca un hito en los litigios socioambientales a nivel nacional. Al acoger la solicitud de la defensa de los vecinos, la justicia abre una puerta para eventualmente frenar el uso desproporcionado de acciones legales orientadas a amedrentar a comunidades organizadas que defienden sus territorios, recursos naturales y fuentes de agua”, señala el abogado de los demandados, Miguel Fredes González.
Seguidilla de demandas
En la causa, Mauricio y Francisco Moreno Sagredo y la Inmobiliaria Oasis de La Campana, de su propiedad, demandaron a la Junta de Vecinos de la parcelación del mismo nombre y a su presidente, Fernando López. Los demandantes les atribuyen haber afectado su reputación y la venta de parcelas a través de entrevistas y declaraciones publicadas en medios de comunicación sobre las condiciones del proyecto, que colinda con la Reserva de la Biosfera La Campana-Peñuelas. Por estos hechos, exigen indemnizaciones por daño moral, daño emergente y lucro cesante.
Según la defensa de los vecinos, esta demanda es parte de una seguidilla de acciones legales que corresponde a una típica demanda tipo SLAPP (Demanda Estratégica contra la Participación Pública, por su sigla en inglés).
Se trata de acciones judiciales infundadas o desproporcionadas, cuyo fin principal no es reparar un daño real, sino que opera como una herramienta de presión psicológica, acoso judicial e intimidación para amedrentar, desgastar económicamente y desincentivar la fiscalización que realizan activistas, líderes comunitarios u organizaciones sociales.
El conflicto judicial entre ambas partes comenzó en febrero de 2023, cuando la Junta de Vecinos denunció a la inmobiliaria ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. La denuncia motivó un procedimiento sancionatorio en trámite en el que la empresa arriesga una sanción de hasta 10.000 UTA (más de $8.600 millones).
Fue entonces que se inició una serie de demandas contra vecinos. Ese mismo año, dos inmobiliarias de la familia Moreno Sagredo interpusieron 15 demandas civiles por más de $1.000 millones cada una contra propietarios de la Reserva Ecológica Oasis de La Campana acusándolos de afectar sus ventas por informar sobre la fuerte presión que ha generado la expansión del loteo sobre los recursos hídricos y el ecosistema, considerando que suma más de 1.000 parcelas vendidas y sus dueños proyectan superar las 2.100.
Instrumentalización de tribunales
En 2025 la inmobiliaria y sus dueños volvieron a tribunales con la mencionada demanda por declaraciones publicadas en medios de comunicación, a la que en julio de 2026 se sumaron dos querellas penales contra el presidente de la Junta de Vecinos, por información difundida por la organización.
Una por un video publicado en sus redes sociales sobre parcelas “autosustentables”, que fue declarada inadmisible por el tribunal por no constituir delito. La otra, por “injurias graves con publicidad”, por el envío a través de correo electrónico de una circular informativa a los vecinos relacionada con irregularidades en permisos de construcción detectadas por la Contraloría Regional de Valparaíso.
El abogado de la Junta de Vecinos destacó el valor de la citación a declarar. “El dictamen permitirá al juez revisar de forma directa las intenciones de quienes emplean herramientas de presión judicial para instrumentalizar los tribunales, desgastar económicamente a los vecinos y acallar el ejercicio de la libertad de expresión”, concluye el abogado Miguel Fredes.
