La parlamentaria del PDG, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, solicitó la intervención del Ministerio de Educación, la Superintendencia y el SLEP Barrancas tras conocerse el caso de un estudiante diagnosticado con TDAH que, según denunció su madre, habría sido obligado a hacer sus necesidades en la sala de clases luego de que una profesora le negara permiso para ir al baño. La diputada exigió esclarecer los hechos y garantizar la protección del menor.
La diputada Tamara Ramírez (PDG), presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación de la Cámara, solicitó una fiscalización prioritaria por una denuncia de eventual vulneración de derechos contra un estudiante de siete años del Liceo Profesora Gladys Valenzuela, ubicado en Lo Prado. Mediante un oficio dirigido al Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Barrancas, la parlamentaria pidió esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades que correspondan y adoptar medidas inmediatas para resguardar al menor y su familia.
La solicitud surgió luego de que la madre de un estudiante de segundo básico, diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), denunciara públicamente que su hijo pidió autorización para ir al baño, pero su profesora se lo habría impedido, provocando que terminara haciendo sus necesidades frente a sus compañeros. Según la apoderada, el establecimiento tampoco le habría informado de lo sucedido ni proporcionado contención al niño. La mujer también denunció presuntos episodios anteriores de acoso y malos tratos, señalando que recurrió a Carabineros.
“Es inaceptable que un niño de siete años tenga que pasar por una situación tan humillante dentro de un establecimiento educacional. Si estos hechos se confirman, estamos frente a una grave vulneración de sus derechos. Nuestros niños van al colegio a aprender y sentirse seguros, no a vivir situaciones que puedan marcarlos para toda la vida. Por eso estamos exigiendo una fiscalización urgente, que se esclarezca lo ocurrido y que se adopten todas las medidas necesarias para proteger a este pequeño y a su familia. Aquí no puede haber indiferencia ni silencio”, sostuvo Ramírez.
A través del oficio, la parlamentaria solicitó a la Superintendencia de Educación evaluar una fiscalización de oficio para verificar el trato al estudiante, los apoyos de inclusión, la comunicación con su familia y la aplicación de los protocolos correspondientes. Asimismo, pidió al Ministerio de Educación informar qué acciones se han adoptado para garantizar el acompañamiento del menor, mientras que al SLEP Barrancas le requirió antecedentes sobre las medidas de protección, la continuidad escolar y las acciones necesarias para evitar eventuales represalias. También solicitó evaluar, si la apoderada lo requiere, un cierre anticipado del año escolar conforme a la normativa vigente.
Finalmente, Ramírez exigió que las autoridades entreguen respuestas concretas, identificando responsables y plazos para implementar las medidas correctivas que correspondan. La parlamentaria insistió en que los establecimientos educacionales deben ser espacios seguros, especialmente para estudiantes que requieren apoyos específicos, y sostuvo que esclarecer esta denuncia resulta fundamental para garantizar el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
