La iniciativa solicita al Presidente medidas inmediatas de resguardo y equipos de apoyo jurídico y psicosocial para víctimas de delitos sexuales y de lesa humanidad. La bancada advirtió que reconocer el error y suspender nuevas rebajas no reemplaza las responsabilidades políticas por las decisiones ya adoptadas.
La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una resolución de la bancada del Partido de la Gente que solicita al Presidente de la República disponer medidas inmediatas de ayuda, protección y resguardo para las víctimas de personas condenadas por delitos sexuales y de lesa humanidad que quedaron en libertad tras recibir rebajas de condena. El acuerdo pide poner a su disposición equipos multidisciplinarios de apoyo jurídico y psicosocial. La iniciativa sitúa en el centro la seguridad y el acompañamiento de quienes sufrieron estos delitos y de sus familias, ante el miedo y la desprotección que puede provocar la liberación de sus agresores.
La diputada Eileen Urqueta enfatizó la necesidad de que el reconocimiento del error se traduzca en una respuesta concreta para las personas afectadas. “El Presidente ha reconocido un error, pero las disculpas no cambian los hechos ni reparan por sí solas el daño. Pensemos en esos niños y niñas que encontraron la fuerza para denunciar, en las familias que acompañaron un juicio y que hoy vuelven a sentir miedo. ¿Quién las ha llamado? ¿Quién les ha explicado lo ocurrido? ¿Quién está acompañando su reparación?”, planteó. La parlamentaria recalcó que “las víctimas ya encontraron la fuerza para hablar. Ahora le corresponde al Estado responder, protegerlas y acompañarlas con hechos”.
Por su parte, la diputada Tamara Ramírez cuestionó que la discusión entre autoridades deje en segundo plano el impacto sobre las familias. “Aquí se ha hablado mucho de interpretaciones jurídicas, competencias y procedimientos. Se tiran la pelota unos con otros, pero mientras discutimos quién tiene la razón, hay familias que recibieron un verdadero balde de agua fría”, afirmó. La parlamentaria emplazó al ministro de Justicia, Fernando Rabat, preguntando “¿quién va a asumir la responsabilidad política por estas decisiones?”, y añadió: “Porque aquí no estamos para proteger autoridades, estamos para proteger a las personas. La protección de nuestros niños y niñas no tiene colores políticos”.
El diputado Fabián Ossandón sostuvo que “detrás de cada caso hay una persona que sufrió y que muchas veces debió reunir una enorme fuerza para denunciar y buscar justicia. Merece que el Estado la escuche, la proteja y la acompañe”. Desde la bancada señalaron que reconocer el error y anunciar la suspensión de nuevas rebajas no resuelve las responsabilidades políticas pendientes y emplazaron al Presidente a adoptar decisiones respecto de las autoridades que condujeron el proceso. Si esa respuesta no llega, evaluarán las herramientas institucionales a su alcance para hacer efectivas dichas responsabilidades. “Las víctimas y sus familias merecen respeto, protección y justicia. No podemos permitir que el Estado vuelva a fallarles”, concluyó Ossandón.
