La parlamentaria del Distrito 21, que representa a Los Ángeles y otras 21 comunas del Biobío, ofició a la Delegación Presidencial Provincial para exigir antecedentes sobre las medidas adoptadas frente a las carreras ilegales. La solicitud surge luego de que un vehículo fúnebre fuera captado compitiendo contra una camioneta, en medio de reiteradas denuncias vecinales y más de 300 infracciones cursadas por Carabineros entre 2024 y 2025.
La diputada Lilian Betancurt (PDG), representante del Distrito 21 de la Región del Biobío, ofició a la Delegación Presidencial Provincial para solicitar información detallada sobre las acciones desarrolladas para enfrentar las carreras clandestinas en Los Ángeles y otras comunas de la provincia. La acción parlamentaria surge tras la difusión de un video registrado el pasado 23 de octubre, en el que una carroza fúnebre aparece participando en una competencia ilegal contra una camioneta en el servicentro ubicado en la intersección de avenida Las Industrias con calle Sor Vicenta. El episodio volvió a poner en evidencia una problemática que, según denuncian vecinos del sector nororiente de la ciudad, se repite semanalmente y afecta la seguridad y tranquilidad de las familias.
La situación ha generado preocupación debido a la persistencia de estas competencias, que son convocadas a través de redes sociales y reúnen a cientos de personas durante las noches y madrugadas. Según antecedentes informados por Carabineros, durante 2024 y 2025 se cursaron más de 300 infracciones de tránsito en sectores asociados a estas actividades y se registraron cuatro detenidos. A ello se suman 174 partes empadronados por la Municipalidad de Los Ángeles durante 2025, principalmente mediante registros de televigilancia. Pese a las fiscalizaciones, vecinos han advertido que las carreras continúan desarrollándose en los mismos puntos, extendiéndose incluso desde los jueves hasta los domingos.
Frente a este escenario, Betancurt comentó que “lo ocurrido en Los Ángeles es una muestra de una situación que no podemos seguir normalizando. No puede ser que existan sectores donde todas las semanas se realicen carreras clandestinas, poniendo en riesgo la vida de las personas y quitándoles la tranquilidad a nuestros vecinos. Aquí no estamos hablando solamente de ruidos molestos, sino de una actividad ilegal que puede terminar en una tragedia”. En esa línea, agregó que “necesitamos saber qué están haciendo las autoridades y por qué, pese a las denuncias y fiscalizaciones, estas competencias siguen ocurriendo”.
A través del oficio, la parlamentaria solicitó conocer las medidas adoptadas por la Delegación Presidencial tras los hechos del 23 de octubre, los operativos realizados durante 2025 y 2026 en avenida Las Industrias con Sor Vicenta y las coordinaciones existentes con Carabineros y los municipios de la provincia. Asimismo, requirió un catastro de los sectores donde estas carreras ocurren con mayor frecuencia, incluyendo días y horarios habituales, además de cifras sobre procedimientos policiales, detenciones, infracciones y vehículos retirados de circulación.
En ese sentido, la diputada sostuvo que “nuestros vecinos tienen derecho a vivir tranquilos y no pueden seguir soportando que las calles se transformen en pistas de carreras ilegales. La ley ya contempla sanciones para quienes organizan y participan en estas competencias, por lo que necesitamos mayor fiscalización, coordinación y medidas concretas para recuperar la seguridad en los barrios”.
La solicitud también busca establecer si la Delegación Presidencial ha requerido mayores recursos, dotación policial, cámaras de televigilancia u otras intervenciones para enfrentar el problema. Cabe recordar que desde octubre de 2022 se encuentra vigente la Ley N° 21.495, que establece sanciones penales para quienes participan, organizan o facilitan vehículos destinados a carreras no autorizadas. Betancurt busca que los antecedentes solicitados permitan identificar los sectores más afectados, evaluar la efectividad de las medidas existentes y fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones responsables de prevenir estas conductas en la provincia de Biobío.
