El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió este miércoles ante la Cámara de Diputados las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y cuestionó que el Congreso no incorporara una norma transitoria cuando modificó la legislación en 2022. Durante una tensa sesión especial, el secretario de Estado sostuvo que su actuación se ajustó a la jurisprudencia de la Corte Suprema y aseguró que no podía desconocer las resoluciones judiciales, pese a los cuestionamientos de parlamentarios que exigieron su salida del Gobierno.
La sesión especial, convocada para abordar los decretos de reducción de penas, estuvo marcada por las críticas de diputados opositores y las explicaciones del titular de Justicia respecto de las atribuciones de su cartera para intervenir en estos procedimientos.
Durante su exposición, Rabat sostuvo que las modificaciones legales de 2022, que excluyeron de estos beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores de edad, no contemplaron una disposición transitoria que estableciera su aplicación a hechos anteriores. Según explicó, la nueva normativa comenzó a regir el 9 de febrero de ese año y, apenas ocho días después, se presentó el primer recurso de amparo que dio origen a una interpretación judicial sobre su aplicación temporal.
En su intervención, Rabat también aseguró que “no es posible dejar de cumplir una sentencia de la Corte Suprema, si eso es incumplir la ley, díganme cómo puedo dejar de cumplir una sentencia sin infringir el juramento que hice ante este Congreso Pleno el 11 de marzo de 2026”.
Asimismo, explicó que el procedimiento involucra a distintas instituciones, entre ellas Gendarmería, las secretarías regionales ministeriales y la Comisión de Reducción de Condenas, por lo que defendió que el Ministerio de Justicia no puede sustituir unilateralmente las evaluaciones realizadas por esos organismos. Sin embargo, el secretario de Estado reconoció deficiencias en el mecanismo, especialmente por la ausencia de participación de las víctimas.
Rabat también cuestionó que durante la discusión legislativa de 2022 no se atendiera una recomendación de la Defensoría de la Niñez, Patricia Muñoz, para establecer expresamente las reglas de aplicación temporal de la nueva normativa.
Las explicaciones del ministro fueron cuestionadas por parlamentarios de oposición, entre ellos Marcos Barraza (PC) y Lorena Fries (FA), quienes exigieron su salida del Gobierno y criticaron que las familias de las víctimas conocieran las rebajas de condenas a través de los medios de comunicación.
Finalmente, la sesión también registró gritos, abucheos y exhibición de carteles desde las tribunas, lo que provocó intervenciones de parlamentarios que solicitaron mantener el orden.
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