Las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados confirmaron este miércoles que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condenas otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y otras causas de alta gravedad. La presentación del libelo se concretaría a más tardar el martes 3 de noviembre, mientras los equipos jurídicos de los partidos trabajan en su elaboración.
La determinación fue adoptada por diputadas y diputados del Partido Socialista (PS), la Democracia Cristiana (DC), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Comunista (PC), el Partido Liberal (PL) y el Frente Amplio (FA), quienes resolvieron impulsar conjuntamente la acción constitucional.
El acuerdo se produce en medio de los cuestionamientos por la firma de decretos que permitieron reducir penas de personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. De un total de 56 beneficiados, al menos 54 casos están vinculados a estos delitos y otros dos relacionados con violaciones de derechos humanos.
La oposición resolvió comunicar su decisión después de la sesión especial de la Cámara de Diputados de este miércoles, en la que Rabat fue citado para explicar los fundamentos jurídicos y administrativos de las rebajas.
Las bancadas opositoras insistieron en que las explicaciones entregadas hasta ahora por el Ministerio de Justicia y por Rabat resultan insuficientes y exigieron transparentar los antecedentes que sustentaron los decretos.
El diputado Raúl Leiva (PS) sostuvo respecto a la acusación que “lo queremos hacer con mucha seriedad y responsabilidad”, y emplazó al Ejecutivo a entregar los antecedentes completos de las rebajas de condenas.
Asimismo, el jefe de la bancada DC, Jorge Díaz, confirmó que “se ha tomado una decisión importante de avanzar junto con la oposición para que esto pueda prosperar”.
Finalmente, la diputada y presidenta del FA, Gael Yeomans, fundamentó que “el ministro tiene que salir de su cargo y las responsabilidades políticas se deben asumir si es que el Presidente no ha tomado hasta ahora la definición e insiste en ratificarlo en su cargo, a pesar de los hechos que todos conocemos. Por lo mismo es nuestra obligación ejercer toda la herramienta de fiscalización”.
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