Cuando hablamos de listas de espera, solemos concentrarnos en cuántos pacientes aguardan una intervención. Sin embargo, el verdadero impacto está en lo que ocurre en ese tiempo. Cada mes extra puede traducirse en más dolor, pérdida de movilidad, dependencia, dificultades y un progresivo deterioro de la calidad de vida.
En ese escenario, el Sistema de Acceso Priorizado (SAP), impulsado por Fonasa, confirma que la colaboración entre el sector público y el privado puede traducirse en respuestas más oportunas y efectivas para los pacientes.
El año pasado, Interclínica realizó más de 300 procedimientos bajo esta modalidad. El 70% correspondió a reemplazos de rodilla y el 30% a cadera. Del total, un 37,9% se efectuó en Quilpué, un 32,7% en Santiago, un 16,1% en Iquique, un 8,5% en Arica y un 4,8% en La Calera.
Son cifras que muestran cómo una red con presencia territorial puede contribuir a descentralizar el acceso a estas prestaciones y acercarlas a más personas.
Sin embargo, el balance no puede limitarse al volumen de prestaciones. Una operación representa solo una etapa del tratamiento. El resultado depende también de una rehabilitación adecuada, un seguimiento oportuno y una continuidad asistencial que permita recuperar la funcionalidad y la autonomía.
La priorización, además, debe considerar mucho más que el tiempo transcurrido. Factores como el dolor, la discapacidad, la progresión de la enfermedad o sus consecuencias sociales deben ocupar un lugar central en la toma de decisiones. Seis meses de espera no tienen el mismo impacto para todas las personas.
El SAP deja una enseñanza valiosa: enfrentar este desafío exige colaboración, estándares compartidos y una mirada centrada en las personas. Porque el éxito de una política sanitaria debe medirse no solo por el número de intervenciones realizadas, sino por quienes recuperan su independencia y vuelven a vivir con una mejor calidad de vida.
