El parlamentario afirmó la acusación constitucional se presentará lo antes posible y con un trabajo jurídico serio.
El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), diputado Raúl Soto, confirmó que la oposición busca presentar la próxima semana una acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de condena otorgadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.
«Se va a presentar lo antes posible. Tiene que ser un trabajo jurídico serio y responsable. Espero que alcancemos a ingresarla la próxima semana, ese es el objetivo», señaló el parlamentario.
Soto subrayó que la acusación no responde solo a una responsabilidad política o constitucional, sino también a principios éticos. «Acá hay víctimas que son niños, hay familias, papás y mamás de esos niños que están siendo revictimizados por una decisión de este gobierno de rebajar condenas a pedófilos, a violadores, a abusadores. Eso es absolutamente inaceptable», afirmó, agregando que el PPD defenderá al 92% de los chilenos y chilenas que rechaza la medida, «que el Gobierno ha venido vergonzosamente a defender a la Sala de la Cámara».
«Como padre, no como diputado, me siento indignado y siento temor por estas personas que están sueltas. No me cabe ninguna duda de que esta decisión va a envejecer mal y que el ministro va a tener que dar un paso al costado», sostuvo.
Consultado sobre qué pasaría si el ministro sale del gabinete antes de la votación, Soto indicó que esa situación se evaluará, pero lamentó que hasta ahora no haya señales del Gobierno de hacer efectiva la responsabilidad de su propio ministro. «Eso pone al Presidente Kast del lado de apoyar esa decisión, que tiene hoy a 56 personas altamente peligrosas en la calle y a las familias de nuestro país en riesgo. Hay responsabilidad del ministro y también del Presidente de la República», advirtió.
El diputado agregó que, si el mandatario no usa «esa bala de plata» que tiene para pedir la renuncia de su ministro, el conflicto «podría incluso escalar hasta la Presidencia de la República».
Frente a las comparaciones con decretos de gobiernos anteriores, Soto fue enfático en marcar la diferencia. «En los gobiernos anteriores se defendió el principio de no otorgar ese beneficio, y fue el Poder Judicial el que, ante ese requerimiento, ordenó proceder. Este gobierno no impugnó, no requirió, no apeló. Simplemente se conformó y tomó una decisión política y administrativa, existiendo una ley expresa que prohíbe este tipo de beneficios para estos delitos», sentenció.
