El proyecto de ley, que aplaza la vigencia hasta el 15 de octubre de 2027, pasa ahora a segundo trámite en la Cámara de Diputados.
La Sala del Senado aprobó este miércoles el proyecto de ley que posterga la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos Personales desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 15 de octubre de 2027. La iniciativa se aprobó con 33 votos a favor y 6 en contra, y se despachó a segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
Inicialmente el Ejecutivo propuso postergar la vigencia de la Ley de Datos hasta diciembre de 2027, pero tras un acuerdo transversal con los senadores acotó la extensión del plazo hasta octubre del próximo año. “Valoramos la aprobación del Senado de estas nuevas condiciones para que entre en vigencia la Ley de Protección de Datos. Muy importante, porque nuestra institucionalidad
en datos requiere que la Agencia se constituya con anticipación a la entrada vigencia de la norma y prepare el camino para ello”, afirmó el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler.
El proyecto también propone la designación anticipada del Consejo Directivo de la nueva Agencia de Protección de Datos Personales. Para ello, el Ejecutivo deberá presentar al Senado la primera propuesta de consejeros a más tardar nueve meses antes de la entrada en vigencia.
Asimismo, se propone aumentar de tres a cinco los miembros del Consejo, con períodos de seis años sin reelección y renovación parcial cada dos años. “Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados, donde tendremos que presentar lo aprobado por el Senado en la Comisión de Constitución y esperamos poder aprobarlo lo más rápido posible para que sea Ley de la República”, señaló el subsecretario Koehler.
La Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales que se propone aplazar establece los principios que rigen el tratamiento de datos personales, reconoce a sus titulares los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo, e impone a los responsables deberes de información, de seguridad y de notificación de vulneraciones, y un régimen de infracciones y sanciones. Su implementación exige a organismos públicos y empresas reforzar medidas de seguridad, establecer protocolos para atender las solicitudes de los titulares y capacitar a sus equipos.
“Estas adecuaciones requieren, además, conocer los criterios con que la autoridad interpretará y aplicará la ley, los que corresponde fijar a la Agencia mediante instrucciones y normas generales, por eso es importante que el Consejo se constituya previamente”, dijo Koehler.
